Fue representante legal del consorcio de medios de comunicación, Albavisión, señalado por la Cicig y la antigua Feci de recibir contratos irregulares de publicidad estatal durante el gobierno del ex binomio presidencial conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Es esposa de Ángel González, líder del grupo de medios de mayor alcance a nivel nacional. Tuvo orden de captura desde 2016 hasta 2022, tiempo en el que permaneció prófuga. Nunca enfrentó a la justicia.